“Lo caído, caído”

publicado el 16 de Septiembre del 05 en El Heraldo de Saltillo

Por César Elizondo Valdés

Desilusión. Eso fue lo que sentí al enterarme de la petición hecha por la iniciativa privada coahuilense a los candidatos para gobernar el estado en el sentido de que aquel que resulte elegido deberá escoger a su secretario de planeación y desarrollo entre una terna presentada por los organismos de la IP coahuilense.
Mas desilusión. Eso fue lo que sentí cuando supe que lo candidatos aceptaron la propuesta de los empresarios sin chistar. Mucha más desilusión; es lo que sentí cuando la opinión pública aplaudió el gran acuerdo surgido de la reunión efectuada en Monclova durante la semana que culmina irónicamente con la celebración de la independencia de México.
Vamos por partes, primero, cometemos los empresarios (me incluyo como socio activo de una de las cámaras representada en dicha reunión) el error de ir más allá de la sana participación activa en la política; actualmente, las cámaras empresariales y otros organismos no gubernamentales están representados en diversos consejos ciudadanos que fueron creados para ser observadores y partícipes de las decisiones tomadas por el gobierno en algunas áreas de interés general, esto como está explicado tácitamente, con responsabilidad del gobierno. Exigir al gobierno que los funcionarios sean escogidos por los sectores, le da toda la coartada necesaria a la administración que lo acepte para desprenderse de culpas y responsabilidades al poder endosarlas a quienes al final de un juicio de opinión quedarían como los impositores.
Segundo, el próximo gobernador no debe sentar precedentes. Si un grupo representante de un segmento de la ciudadanía empieza a imponer su criterio para la designación de funcionarios, tarde ó temprano el gobernador tendrá que ceder a los demás grupos de influencia en el estado, terminando por ser el coordinador del poder ejecutivo en lugar de ser el jefe del ejecutivo. Está forma de proponer funcionarios degeneraría en un práctica de conveniencias para los impositores, repartiendo entre ellos el pastel que hoy es propiedad del gobernante en turno, lo que terminaría por producir servidores públicos que actuarían como juez y parte, ya que estos servidores serían en su totalidad surgidos del mismo organismo que los proponga, con la natural consecuencia de servir a quienes les consiguieron la chamba, no al jefe formal, el gobernador, mucho menos al jefe real, la ciudadanía en general.
Tercero, la opinión pública no debe permitir que los grupos de poder impongan sus condiciones al gobierno, no es lo mismo ser contrapeso que ser ejecutor. Solo basta imaginar en el terreno de lo absurdo lo que podría pasar en los extremos de lo improbable, pero no imposible: la CTM pediría la misma SEPLADE con el argumento de que ellos sabrían ver por la creación de buenos empleos, los dianéticos exigirían la SEPC razonando que sus ideas progresistas son las que necesitan nuestros niños y jóvenes para conquistar el futuro, la iglesia haría lo propio con el DIF, ¿quién mejor que ellos para ver por los demás?, el Santos Laguna y los Saraperos se pelearían por el INEDEC, para Fomento agropecuario, adivinó usted, se propondría a un comisariado ejidal, y así, la lista sigue. Hay diferentes formas de hacer populismo, darle a todos lo que piden es la forma clásica.
Ojo Coahuila, los poderes constitucionales están bien definidos en nuestras leyes, y están acotados, el poder económico no tiene acotamientos y en el mundo empresarial conocemos y defendemos las palabras de la doña: “lo caído, caído”. 8444104775@prodigy.net.mx