Publicado el 10 de Febrero de 2007
“Dios proveerá”, es una de las máximas que mejor retratan la cultura del mexicano. Así, cuando la liquidez aprieta, nuestra idiosincrasia nos dicta atemperar el presente de cualquier modo sin importar el precio que tengamos que pagar en el futuro. Esta característica nuestra de vivir el momento sin ver el mañana, es aprovechada por aquellos que tienen la camaleónica particularidad de aparecer hoy como hermanas de la caridad para constituirse después en el elemento más oscuro de las prácticas capitalistas: El agiotismo.
No importa el tipo de patrimonio que manejemos, ya sea que controlemos el gasto familiar dentro de nuestra economía doméstica ó que nuestra responsabilidad sea mantener a flote una empresa, la sombra del usurero esta presente como un chaleco salvavidas lo esta junto a una alberca. Todos conocemos casos de personas que en algún momento de su vida han recurrido a los servicios de estos polémicos integrantes de la cadena productiva.
Según declaraciones hechas durante la semana por algunos diputados locales, poco puede hacer la ley para impedir los contratos leoninos que suscriben las partes en estos casos, entiendo que esto será porque no respetar un pagaré traería graves consecuencias en otras prácticas normadas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo cual sería un retroceso en materia de promoción comercial con todos los efectos que esto tendría en la economía y en una de las garantías consagradas en nuestra Constitución: La seguridad de los bienes. Entonces, si la justicia tiene de alguna forma las manos atadas para enfrentar este problema, ¿Cómo puede el gobierno dar una solución a la urgencia de capital que demandan millones de mexicanos sin comprometer su futuro?
La respuesta sencilla es la que escuchamos constantemente en mesas de discusión y análisis: Ahí está NAFIN con cientos de programas para financiar proyectos productivos, la Banca privada y algunos institutos federales para atender las demandas para bienes de consumo y vivienda. Pero la realidad es que los instrumentos que estas instituciones ofrecen al mercado son en el mayor de los casos inalcanzables para el grueso de la población por los requisitos que hay que cumplir para ser sujeto de crédito. Entendemos la necesidad de los requisitos para garantizar los préstamos, estos jamás podrán obviarse; la clave está en la pobre cultura que tenemos para emprender y darle seguimiento a un trámite que puede ser la tabla de salvación para nuestras necesidades ó el detonante para que ese proyecto que queremos se pueda hacer realidad.
Así concluimos que el gobierno debe tomar cartas en el asunto para lograr un cambio de mentalidad y capacitación en todas aquellas personas que tengan la necesidad de conseguir para uno u otro fin recursos económicos. Los gobernantes, tan dados a organizar sus redes para la promoción del voto, bien podrían coordinar redes de apoyo mutuo entre instituciones financieras, cámaras empresariales, gobierno y personas que busquen financiamiento. Una red en la que las cámaras empresariales fueran el contacto para reclutar posibles candidatos a financiar; una red en dónde el gobierno, a través de la Secretaría de Fomento Económico en el ámbito local ó la Secretaría de Economía en lo federal, tuviera un programa para guiar paso a paso todo el trámite que el contratante tuviese que hacer ante las distintas dependencias así como asistencia para la elaboración de estados financieros y demás requisitos que son los que frenan la mayor parte de las solicitudes; una red en dónde las instituciones financieras pudieran realmente bajar todos esos recursos que en muchas ocasiones se quedan sin ejercer por el bajísimo porcentaje de trámites que llegan a finalizarse. Una red en la que todos salen ganando, y eso, para el que lo quiera tomar, es buena imagen ante la sociedad, lo que se traduce en buena voluntad del electorado, ¡votos!
